Los colectivos abajo firmantes exigimos
que se investiguen judicialmente las actuaciones de las personas que
dirigieron la CAI desde el año 2001 hasta la actualidad. Como bien se
dice en el manifiesto de la Campaña por la Nacionalización de las Cajas
de Ahorros y por la Banca Pública «deben depurarse responsabilidades
pertinentes de todos los que han capitaneado las entidades financieras».
La CAI en concreto es una entidad que obtiene beneficios en su día a
día. Es perfectamente viable y sería más beneficiosa para Aragón con un
control real y efectivo por parte de la sociedad, también con el
abandono de prácticas abusivas con los clientes como las que se han
venido denunciando últimamente, como las abusivas cláusulas suelo
hipotecarias o la venta a ahorradores de deuda subordinada.
La mala gestión, el robo y la aventura inmobiliaria han obligado a
tapar un agujero de 1.500 millones de euros con los beneficios de los
últimos cinco años y todas las reservas. Varios directivos pasados y
actuales (Tomás García Montes, José Antonio García de Toledo, pero hay
muchos más) se están llevando millones de euros de indemnización.
El Banco de España no hizo su trabajo de vigilar a las entidades
financieras, algunos —y sus amigos— se enriquecieron, otros presentes en
los consejos de administración consintieron, la mayoría de los
representantes políticos en los órganos de control colaboraron
alegremente en la locura inmobiliaria, las auditorías externas como
Deloitte sabían lo que estaba pasando y lo maquillaron… Total que los
aragoneses hemos perdido 1.500 millones de dinero público, porque de
ellos no era aunque lo parecía, quieren despedir a 600 trabajadores del
grupo Caja3, han puesto en peligro los ahorros de miles de personas, han
desahuciado a gente de sus casas, se va a perder la práctica totalidad
de la Obra Social, etc.
Solo hay un camino: continuar con la movilización social y llevar a
los tribunales a los responsables y beneficiarios de esta estafa
financiera, inmobiliaria y social. Apoyamos a los trabajadores de Caja 3
en su lucha contra los despidos y especialmente la iniciativa de sus
sindicatos de llevar a los tribunales a los responsables de todo esto.
Los colectivos y movimientos sociales en lucha permanente contra los
desahucios, los recortes de derechos sociales y laborales, las
privatizaciones y el saqueo de lo público creemos que se debe ir hasta
el final contra los responsables.
Caja 3 ha recibido ayudas públicas, incluidos los préstamos del Banco
Central Europeo, por 3.131 millones de euros cuando su patrimonio neto
es de 1.204 millones. En consecuencia, debe ser nacionalizada,
convertida en un banco público, y realizarse una auditoría pública que
permita establecer su situación real y quién se ha beneficiado de su
gestión. La entidad nacionalizada ha de mantener el empleo y la obra
social que demuestre su utilidad social. Las viviendas propiedad de la
Caja deben incorporarse a la red pública de vivienda protegida, en
régimen de alquiler, y detenerse el desahucio de cualquier familia si no
puede hacer frente al pago de su hipoteca por carecer de recursos,
permitiéndosele seguir en su vivienda a cambio de un alquiler asequible.
Y, finalmente, se aplicará la dación en pago con carácter retroactivo a
aquellas familias que hubieran sido desahuciadas por falta de recursos.
Plataforma Solidaria Actur Parque Goya
Plataforma Auditoría Ciudadana a la Deuda. No debemos, no pagamos.
Stop Desahucios.
Asociación Vecinos de San José.
Plataforma Hipotecaria de AICAR.
CGT Ibercaja.
Colectivo Iquique.
Partido Comunista de Aragón.
Izquierda Anticapitalista.
Izquierda Unida de Aragón.
Intersindical de Aragón/Colectivo Unitario de Trabajadores.
Adhesiones y/o colaboración: bancapublica@stopdesahucioszar