"O concluimos que estamos reconciliados o resurgirían odios
subyacentes", le dijeron representantes del Gobierno del PP al Relator
Especial de Naciones Unidas sobre la justicia transicional durante su
visita a España.
Acaba de hacerse público el informe
que el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la
verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición
emitió tras su visita a España a finales de enero de este año. En sus
páginas el Relator (Pablo de Greiff) incide en el incumplimiento por
parte del Estado español de las obligaciones internacionales que le
corresponden con relación a las víctimas de la dictadura franquista.
Desde la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental, el
informe es una denuncia en toda regla de la política del Estado español.
En sus propias palabras, "no se estableció nunca una política de Estado
en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de
esclarecimiento de la verdad". Constata el Relator que ni siquiera
existen censos oficiales de víctimas, ni tampoco datos o estimaciones
oficiales sobre su número total. A lo que se suma, en primer lugar, un
modelo de "privatización" de las exhumaciones que "alimenta la
indiferencia de las instituciones estatales" con relación a las
reclamaciones de los familiares; y, en segundo término, un excesivo
formalismo interpretativo respecto a la ley de amnistía y el principio
de legalidad que "niega el acceso a la justicia e impide cualquier tipo
de investigación" de lo sucedido en sede judicial.
Las conclusiones y recomendaciones del informe poco pueden sorprender.
En términos generales insisten en lo que -también recientemente- ya le
habían advertido al Estado español otras instancias de Naciones Unidas
como el Comité contra la Desaparición Forzada o el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. En el caso de este último, su informe
da un plazo de noventa días al Gobierno español para presentar un
cronograma con las medidas a adoptar, ofreciéndole así una vía para
comenzar a subsanar los déficits de justicia transicional que acumula
España desde la "inmaculada Transición".
Pero la
primera ocasión que se ha presentado para enmendar este rumbo no ha
podido ser más decepcionante. El pasado 30 de agosto, declarado Día
Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas por Naciones
Unidas, el Telediario 2 de TVE informó sobre dicha efeméride con una noticia
en la que se omitió cualquier referencia a las desapariciones forzadas
que tuvieron lugar durante la guerra civil y la dictadura franquista. Se
habló de las víctimas de este crimen contra la humanidad en Colombia,
África o en los Balcanes, pero las más de 114.000 personas desaparecidas
en España no merecieron otra cosa que el silencio. Dio igual tanto el
citado plazo de noventa días como que el Relator insistiera en la
necesidad de desarrollar programas en educación histórica y derechos
humanos centrados en la perspectiva de las víctimas. Las instituciones
públicas -en este caso, la televisión estatal- no pierden ocasión de
dejar clara su adhesión a las cláusulas de silencio, olvido y amnesia
propias del tan cacareado como falso consenso de la Transición.
Esta suerte de negacionismo (ya denunciado ante distintas instancias por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica)
no debe quedar impune. Sus autores -quienes redactaron y dieron el
visto bueno a la emisión de esta noticia- merecen un máximo reproche
moral, al suponer su conducta un grave ocultamiento de lo sucedido y un
nuevo desprecio a las víctimas y sus familiares, lo que ahonda en su
dolor. Se trata de una -otra más- mala praxis por parte de los
responsables de los informativos de TVE sobre la que deberían responder
políticamente ante las instancias oportunas. Pero, bien es sabido que en
España no existen mecanismos reales de control de veracidad de la
información que emiten los medios, sean estos privados o públicos (y
cuando alguien lanza alguna propuesta en este sentido, tendente a
garantizar el derecho a una información veraz y plural, rápidamente es
tildado de totalitarista).
Volvamos al informe del Relator de Naciones Unidas, porque en su parte
final nos da una clave para entender esta desidia oficial para con las
víctimas de la dictadura. Según señala en las conclusiones, varios
representantes del Gobierno español le advirtieron lo siguiente: "O
todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única
alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un
riesgo demasiado alto". Nótese bien lo que está detrás de esta
alternativa, planteada en términos excluyentes. O bien se asume una
especie de reconciliación por decreto, impuesta desde arriba tras la
muerte del dictador con independencia de lo que las víctimas (y los
organismos internacionales de derechos humanos) digan o sientan; o bien
se "reabrirían" las viejas heridas con el consiguiente riesgo... ¿de
qué? Detrás de este segundo cuerno del dilema rezuma una velada amenaza a
las víctimas y a las demandas de memoria histórica y justicia
transicional. ¿Reclamar el cumplimiento de obligaciones internacionales y
la satisfacción de derechos humanos es un "riesgo demasiado algo" en
democracia? A los dirigentes del PP se les nota demasiado el pelo de la
dehesa.
En definitiva, hoy ha sido el Gobierno del
PP. Pero en años anteriores lo fue el del PSOE, el otro partido
turnista. Ambos comparten a pies juntillas la misma visión de la
Transición, mientras que tan solo discrepan en algunos puntos -ninguno
sustancial- sobre la forma de reparar a las víctimas del franquismo. No
en vano ese planteamiento excluyente que los miembros del Gobierno le
hicieron al Relator no es exclusivo del PP, sino que está en el ADN de
nuestro actual sistema constitucional, custodiado fielmente por los dos
partidos.
De ahí la importancia -también para las
víctimas de la dictadura y para el movimiento memorialista- de las
diferentes citas electorales del 2015; citas que deberían ir
configurando el camino hacia un proceso constituyente que, entre otras
cosas, termine con esta cultura de la impunidad propia de la Transición y
del régimen actual.
Ver el informe de la ONU: